Esa decisión es la mayor responsabilidad a la que una entidad agroalimentaria se enfrenta, pues conlleva producir alimentos de calidad, con residuos cero y de manera sostenible. Sin embargo, la competencia desleal permitida en el seno de un proyecto garantista como la Unión Europea ante la mirada de nuestros gobiernos está lastrando sobremanera la cuenta de resultados de agricultores y cooperativas agroalimentarias como la nuestra. Y, de paso, poniendo en riesgo la salud de sus conciudadanos.

Las intenciones compartidas y las medidas a las que se nos encomienda se ven desfiguradas mediante la permisividad mantenida por la puerta de atrás, con la entrada de alimentos producidos mediante el uso de fitosanitarios prohibidos aquí, mano de obra barata y sin emplear controles en los procesos. Y mientras, en Europa se establecen criterios para una nueva PAC digna de políticas fariseas que parecen culpabilizar al sector agrario del cambio climático.

No querer entender que la agricultura fija población en comarcas como el Bajo Guadalquivir, conserva el entorno en el que se 

desarrolla de manera verde per se, crea estructuras para el desarrollo de nuevos proyectos en zonas rurales y brinda productos saludables, es jibarizar el aporte que este sector supone en todos sus sentidos para una comunidad como Andalucía.

Poner en peligro al sector agrario y su rentabilidad es poner en peligro el bienestar y la salud de la sociedad. Que a un agricultor cada vez le cuesta más sacar sus cultivos es una derrota compartida que debe posarse sobre el imaginario colectivo. En 2021, los costes de producción se dispararon. Los fertilizantes subieron un 90%, el gasóleo un 55%. Sobre la luz y el gas ya perdimos incluso la cuenta. Agroindustrias como la nuestra, con la producción de tomate concentrado, nos vemos obligadas a pagar costes por la emisión de CO2 pese a que nuestro modelo productivo es, con creces, un sumidero de los mismos. Sin dejar de sumar los ciclos de sequía.

Por esta razón, los agricultores necesitamos que a la palabra unidad se sume valentía. Valentía por parte de dirigentes que asuman la responsabilidad de blindar un sector que produce por debajo de costes y necesitado de planes de inversión y políticas tractoras que beneficien a quienes desarrollan la agricultura día a día. Gobernantes que dejen de una vez las políticas cortoplacistas de cara a la galería, y que comiencen a profundizar en los verdaderos problemas mediante el aporte de soluciones amplias y generadoras de desarrollo. Dejen de bajar unos impuestos coyunturales que luego volverán a subir, y acometan la creación de un plan hidrológico estatal con una intercomunicación de cuencas que sea técnico y eficiente, y no un arma arrojadiza en interesadas manos políticas.

Porque sin la construcción de nuevos marcos que blinden la producción, de nada servirá aquellos proyectos en los que trabajamos hoy, como esos en los que anda inmersa Las Marismas de Lebrija SCA para romper la brecha digital, el desarrollo de la digitalización en el sector o el despliegue del 5G, buscando adaptar nuestra cooperativa a las nuevas tecnologías que permitan afrontar los retos de presente y futuro que se presentan a la agricultura tradicional. 

Que nos hayamos fijado como objetivo a medio plazo reducir nuestras emisiones y nutrirnos de energías limpias, así como convertirnos en referente comarcal de la economía circular, y querer hacer de nuestro polígono una zona más atractiva para agricultores, empresarios e inversores, como la declaración de zona no inundable o la reciente modificación del PGOU para posibilitar la construcción de nuevas naves en las explotaciones agrarias en las condiciones precisas. Todo ello caerá en saco roto provocando la ruina absoluta si la agricultura sigue siendo el patito feo de la historia. 

Después de todo, ¿habremos aprendido algo?

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