A pesar de su carácter fundamentalmente presencial, el Notariado fue una de las primeras corporaciones en sacar partido de las entonces conocidas como “nuevas tecnologías”. De hecho, es uno de los colectivos que demuestra más interés en la implantación de la Administración Electrónica. 

En 2004 entró en funcionamiento el denominado como ‘Índice Único Informatizado’ (IUI), una gran base de datos – la segunda en volumen a nivel estatal – que es a día de hoy un sistema crucial para el cumplimiento de las obligaciones notariales. Se trata de un servicio muy útil para la sociedad que permite obtener datos y estadísticas a partir de los que detectar casos de blanqueo de capitales, fraude fiscal o financiación de bandas armadas, por ejemplo. 

Por otra parte, los casi 3.000 notarios utilizan a diario su firma electrónica reconocida. En cumplimiento de la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la Firma Electrónica Reconocida les permite ejercer su profesión también en comunicaciones telemáticas y comercio electrónico.

Todos estos servicios electrónicos facilitan sus relaciones entre los profesionales, las administraciones y la ciudadanía sin dejar de garantizar los principios fundamentales del Notariado: la imparcialidad, el asesoramiento y el control de la legalidad.